En un comunicado publicado en su página web (https://www.ecologistasenaccion.org/151265/prosigue-la-modificacion-de-la-ley-del-suelo-desoyendo-a-la-abogacia-general-y-a-patrimonio-cultural/) Ecologistas en Acción reprocha al Gobierno regional los trámites seguidos para modificar la vigente Ley del Suelo, desoyendo las alegaciones presentadas por asociaciones y ciudadanos, e incluso los informes de la Abogacía General de la Comunidad y de su propia Dirección General de Patrimonio Cultural;  y exige que se paralice su tramitación o –cuando menos- su aprobación en lectura única, que impediría la presentación de las enmiendas necesarias.

El Gobierno regional desoye a la Abogacía General y a Patrimonio Cultural y prosigue la modificación de la Ley del Suelo

· El Proyecto de Ley de modificación de la vigente Ley del Suelo para el impulso y reactivación de la actividad urbanística, que este mes proseguirá su tramitación en la Asamblea de Madrid, podría ser inconstitucional.

· La Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en un informe del pasado mes de julio, alerta de la posible invasión de competencias municipales y de la vulneración de la normativa urbanística básica.

· La Dirección General de Patrimonio Cultural indica de que “la figura de la declaración responsable tiene efectos muy negativos en la protección del patrimonio cultural”.

· Todo ello ha sido ignorado por el Gobierno regional. Ecologistas en Acción exige que se paralice cuanto antes la tramitación de la ley o, al menos la decisión de que se tramite por lectura única.

El Gobierno regional continua la tramitación del Proyecto de Ley que modifica la vigente Ley del Suelo para facilitar el mercado inmobiliario. Esta nueva norma permite que muchas actuaciones que actualmente requieren licencia urbanística puedan ser ejecutadas mediante una simple declaración responsable. Es decir, una declaración del promotor que le habilita para empezar las obras, desde el día siguiente a su presentación, sin que los ayuntamientos puedan conocer y manifestarse sobre la legalidad de la obra como ocurre ahora.

Esta decisión se ha tomado desoyendo a la mayor parte de las 998 personas que formularon alegaciones y que se movilizaron, incluso durante el confinamiento, al declararse urgente su tramitación en plena pandemia. Pero además, la Comunidad de Madrid ha llegado a desatender también muchas de las indicaciones que le fueron sugeridas por sus propios departamentos.

Entre ellas, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha visto rechazadas muchas de las consideraciones de su informe de 15 de julio. Algunas de ellas de carácter esencial como la que recoge la preocupación por la posible vulneración de las exigencias derivadas del principio de autonomía local. Así, en la nueva regulación recogida en el artículo 156, referido al contenido de las declaraciones responsables urbanísticas, se alerta de que se podrían estar regulando materias que son competencia de las entidades locales.

Por ejemplo, la Administración autonómica impide a los ayuntamientos, en el apartado 3, requerir determinados datos y documentos al promotor. Además, los ayuntamientos dispondrán tan solo de 20 días para redactar sus ordenanzas de adaptación a la ley, lo que provocará sin duda, que la normativa autonómica tenga que aplicarse, ignorándose así las competencias locales. Cuestión, esta, que igualmente preocupa a la Abogacía General y que también ha sido desestimada .

Pero no solo se puede estar invadiendo competencias municipales, la Abogacía General alerta de posibles vulneraciones a la normativa básica estatal del suelo como la recogida en el artículo 155 k) que permite la instalación de casetas prefabricadas por declaración responsable, cuando el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, exige autorización expresa.

Igual de grave resulta el total desprecio del Proyecto de Ley a las indicaciones realizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural que ha visto rechazadas todas sus sugerencias y que no duda en entender, en su informe que “La figura de la declaración responsable tiene efectos muy negativos en la protección del patrimonio cultural. Su aplicación en la práctica supone que la necesaria autorización previa, como requisito que garantiza que no se realizan ni actuaciones ni usos que pueden dañar los bienes culturales, es sustituida por un control realizado a posteriori que en la mayor parte de los casos tiene lugar una vez producido un daño que ya es irreparable”.

Los efectos de las muchas deficiencias de esta futura ley revestirán en este caso especial gravedad, al pretenderse por el Gobierno, una tramitación en lectura única que impedirá que los diputados autonómicos puedan presentar enmiendas al texto. Esta tramitación de lectura única, previsiblemente saldrá adelante gracias al consenso alcanzado, en este punto, por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Ecologistas en Acción exige que se paralice cuanto antes la tramitación de la ley o al menos la decisión de que su tramitación se haga por lectura única de forma que todos los defectos detectados en la misma puedan ser subsanados cuanto antes.