Madrid, Ciudadanía y Patrimonio comenta en la Asamblea de Madrid el borrador de la nueva Ley de Patrimonio

En tres jornadas sucesivas, los días 25, 26 y 27 de julio, representantes de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio pertenecientes a la comisión creada para el análisis del borrador de la nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que pretende sustituir a la de 1998, han mantenido reuniones informativas con los cuatro grupos políticos con presencia en la Asamblea de Madrid.

 
Se inició la ronda con la visita a Juan Luis Fabo Ordóñez, diputado de Unión, Progreso y Democracia, y se continuó con la mantenida con Eulalia Vaquero Gómez, portavoz adjunta de Izquierda Unida, con la entrevista con Enrique Ruiz Escudero, diputado del Partido Popular, y finalmente con Mª Amparo Valcarce García, diputada presidenta del Grupo Socialista, que estuvo acompañada por Mario Salvatierra, diputado del mismo grupo.
 
Las cuatro sesiones contaron con la asesoría técnica por parte de MCyP de dos personas que conocen en profundidad la Ley en cuestión, y que participaron en la redacción de la Ley todavía vigente, como son Amparo Berlinches y Alicia Torija. La primera dedicó sus comentarios a los aspectos urbanístico-arquitectónicos de la Ley propuesta, y la segunda fijó la atención en el patrimonio arqueológico.
 
La primera sorpresa de esta ronda de consultas fue el comprobar que el borrador de la nueva Ley no ha llegado aún a los grupos parlamentarios, por lo cual nuestros interlocutores tenían una escasa base de información sobre la misma, lo que hizo que la labor de la comisión de MCyP fuera en su mayor parte informativa. Ni siquiera el representante del grupo autor de la Ley propuesta tenía sobre la misma más que una idea genérica, pues -al parecer- su gestación se está elaborando directamente desde Presidencia con la Dirección General de Patrimonio Histórico, que tiene vacante su titular por el traslado de Laura de Rivera a la directiva de Radio Televisión Española.
 
Las técnicos de MCyP incidieron en los aspectos más preocupantes de una Ley, que en lugar de crecer y desarrollarse, se reduce y restringe, que elimina instrumentos de control tan necesarios como las Comisiones Locales y el Consejo Regional de Patrimonio, que convierte en potestativas gran número de las disposiciones obligadas de la Ley vigente, que resume a un silencio administrativo de tres meses las posibles aprobaciones de obras en bienes afectos al Patrimonio Histórico, o que elimina la prospección preventiva de los lugares con posibles yacimientos arqueológicos, confiada arriesgadamente a la acción de los privados, entre un sinnúmero de cambios que tienden a la desregulación o desactivación de aspectos de la actual Ley, que quedaría por debajo de otras leyes autonómicas, o que incumpliría no sólo la Ley estatal, sino convenios internacionales firmados por el Estado Español, como el de la Valeta, de 2011, y otros.
 
A pesar de la preocupación que esta Ley nos produce, la espléndida acogida que han tenido nuestras inquietudes entre los grupos de la Asamblea, nos hacen albergar la esperanza de que se reconduzcan y mejoren los articulos de la Ley. De momento MCyP seguirá trabajando en este tema y reanudará el contacto con UNESCO iniciado en julio y que ha interrumpido el periodo vacacional.
 

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