En 1978 Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Seebacher heredó de su padre el título de VIII condesa de Torre Arias y la propiedad de la Quinta de Canillejas, ya conocida como Torre Arias ‐hasta el punto de recibir ese nombre la estación de Metro que desemboca en su puerta principal‐. En ese momento, según Lasso de la Vega, es ya “la única gran finca del término municipal de Madrid que guarda todavía su doble carácter, particular y residencial, unido a su inestimable antigüedad”, pues fue creada “al poco de asentarse aquí la Corte”. “Desaparecidas durante la República, la Guerra Civil y los devastadores años sesenta las célebres y notables posesiones de los alrededores de Madrid: Miranda en Carabanchel, la Moncloa, Pastrana e Infantado en Chamartín, y profundamente transformadas Campo Alange, Yumuri y Vista Alegre, también en los Carabancheles, o la Fuente del Berro, apenas si queda, aparte de El Capricho en la Alameda de Osuna, más que Bedmar”, la actual Torre Arias.

Afortunadamente, un convenio promovido en 1985 entre el Ayuntamiento de Madrid –durante la alcaldía de Enrique Tierno Galván‐ y los condes de Torre Arias estableció que la Quinta de Canillejas pasase a propiedad municipal como cesión gratuita obligatoria a cambio de los aprovechamientos concedidos sobre más de 170.000 m2 de suelo perteneciente a los condes, que se recalificaron como urbanizables en el Plan General de Urbanismo de ese año aunque el acuerdo no se firmó hasta el 30 de julio de 1986, con la condición de suspender la entrega de la Quinta hasta el deceso de los condes, que la seguían habitando.

Fallecido el conde en 2003, y la VIII condesa de Torre Arias el 1 de octubre de 2012, se puso por fin en marcha el convenio acordado con el Ayuntamiento; pero aunque la finca ya figuraba inscrita y registrada a su nombre, se buscó un acuerdo con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que lleva el nombre de la difunta condesa y que se encargaba de mantener el palacio y sus jardines; previéndose ya en febrero de 2013 su próxima apertura al público, pues en el convenio se imponía la condición de que el espacio se empleara como parque público y para servicios a la ciudad, aunque en un primer momento la Fundación solicitó seguir usando “la finca para fines culturales” a cambio de costear su mantenimiento