A pesar de haberse derribado ya una buena parte de la edificación, el auto judicial que suspende cautelarmente el planeamiento del ámbito y la licencia de demolición, llega a tiempo de salvar gran parte del TPA, dada la magnitud del complejo que abarcaba varios pabellones y jardines en una manzana completa.
Podría parecer una inocentada típica del 28 de diciembre, teniendo en cuenta lo avanzado del derribo del que fuera -desde su creación tras la Guerra de Cuba, en 1899- el laboratorio y taller de precisión de artillería. Se han derribado varios pabellones originales y piezas de grandísimo valor, como las naves en diente de sierra, el taller de herrería o la singular Casa del Reloj, que había permanecido exenta en su interior, e intacta hasta hace dos semanas.
Es evidente la mala fe practicada en el derribo que ha ido a tirar primero los elementos más vistosos del conjunto, por lo que pudiera pasar. Sin embargo aún queda en pie buena parte de las edificaciones originales, y por supuesto los refugios de 1938 cuya salvación se determinó tras salir a la luz planos y material histórico recabado por MCyP. De no ser por nuestra labor, ni siquiera aquellos espacios de cuya existencia se supo en julio de este año, se habrían salvado. Los informes de la administración los determinaron como galerías de alcantarillado en desuso.
Nuestra asociación contribuye en la defensa y salvaguarda del Patrimonio precisamente haciendo una labor que debería ser la razón de ser de las Direcciones de Patrimonio del Ayuntamiento y Comunidad, y que por unas u otras razones no se llega a producir desde el ámbito de lo público, sino que han de ser los colectivos ciudadanos quienes suplan el trabajo no realizado y el esfuerzo omitido.
La Constitución Española dice en su artículo 46: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio."
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Asimismo, consideramos que la resolución adoptada por el TSJM amplía el debate sobre la "seguridad jurídica" respecto a los derechos adquiridos en procedimientos urbanísticos donde entra en juego el Patrimonio Cultural. Si el desarrollo urbano amenaza los bienes, cualquier confrontación entre los intereses particulares y los generales generan inseguridad jurídica a ambos lados. Y si un particular ve concedidos por decisiones políticas unas expectativas edificatorias, éstas no han de primar sobre el derecho a la ciudad y al Patrimonio Histórico. Ante el agravio que un retraso pueda generar a un particular, el valor de la pérdida de un bien patrimonial es incalculable, y por tanto medidas como la dictada por el TSJM son las únicas que garantizan la prevalencia del interés general, a pesar de en este caso no haber evitado ya daños irreparables.
Desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio y Ecologistas en Acción, hemos lanzado un comunicado esta misma tarde nada más conocer la noticia. Confiamos en que los políticos entiendan que el Patrimonio Cultural no es sólo un derecho y un deber colectivo, sino que además ha de ser una prioridad absoluta comunitaria para salvaguardar los valores de nuestra identidad y la expresión colectiva acumulada a lo largo de la historia.
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