El pasado 22 de febrero comenzaron los trabajos de demolición del importante conjunto originario de Metro de Madrid.
Se establecieron dos etapas en la licencia, la segunda supeditada a la resolución final del procedimiento judicial sobre si debía o no incoarse expediente de protección como Bien de Interés Cultural. Sin embargo, la empresa de demoliciones no está cumpliendo esta limitación, incurriendo presuntamente en un delito.
Por desgracia en esta ciudad, en esta comunidad autónoma, y también en resto de este país, estamos malamente acostumbrados a dar muchas malas noticias de acciones contra nuestro Patrimonio Histórico y Cultural.
La ciudadanía, a pesar del ratificado convenio de Faro, se ve despreciada, obviada y aparcada por los responsables políticos en lo que a la conservación del Patrimonio se refiere.
En el caso de las Cocheras y Talleres históricos de Metro, inaugurados hace más de un siglo, es especialmente sangrante. Se trata de un conjunto cuya importancia ha sido reconocida paulatinamente, tanto por instituciones especializadas, como por el propio Metro, que ilustraba su aparatado de “La Memoria” en la exposición del centenario con la icónica imagen de los dientes de sierra.
También ha sido reconocido su valor por algunas de las instituciones que han rechazado protegerlas: la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) de la Comunidad de Madrid dijo haber encontrado “valores volumétricos, constructivos y formales”, indudables pero insuficientes a su juicio para ser declaradas BIC. A todo esto, no olvidemos que la DGPC es un puesto designado libremente por el gobierno autonómico, mismo responsable de la venta de este bien público. Es decir, son los mismos responsables que deciden “hacer caja” con la venta de esta propiedad, quienes aprueban las determinaciones urbanísticas y la edificabilidad, los que igualmente deciden si se ha de proteger o no. Obviamente no iban a contradecirse: muerte al Patrimonio si hay que “hacer caja”.
En el contencioso, cuya sentencia desestimatoria nos fue notificada recientemente (y mantenemos recurrida en casación), el propio magistrado no podía obviar el “indudable valor del conjunto de las Cocheras (FJ9º, pág. 19 de la sentencia)”, aun sabiendo que desestimar la pretensión de incoar el expediente como BIC suponía condenar de facto a la desaparición de un bien de “indudable valor”. Una vez más, la ciudadanía se ve desasistida por un sistema garantista a medias, pues nunca garantiza la preservación del Patrimonio cuando se enfrenta a la irreversibilidad que supone un derribo.
Todavía está por ver -lo sabremos próximamente- si el plan urbanístico es legal o por el contrario se anula y la operación no se puede llevar a cabo. Tendremos un solar vacío, una superficie herida en la ciudad que nos hablará de una sociedad que prefiere ser inculta, que prefiere despreciar sus bienes singulares. Ese solar será la metáfora del vacío de cuerpo, vacío de mente y sobre todo vacío de alma que tienen los regidores de nuestra sociedad.
Sin Patrimonio Cultural, sin dignidad, sin memoria.
Madrid, 25 de marzo de 2021
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