Patrimonio en Madrid, un consenso imposible

Anteayer tuvimos la ocasión de acudir al debate "Patrimonio en Madrid, un consenso (IM)posible" organizado por la Roca Gallery Madrid. Dicho debate no contó con la esperada presencia de Jaime Ignacio Muñoz Llinás, Director General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, como estaba previsto. En su lugar acudió el subdirector Luis Lafuente Batanero. El resto de ponentes fueron: Baldomero Falcones (expresidente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)), Enrique Saiz Martín (Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León), y Paloma Sobrini (exdecana del COAM). El debate fué moderado por Santiago Fajardo, que en nuestra opinión hizo más una labor de conductor de una entrevista pactada que moderar un debate, dejando apenas tiempo a la intervención del público asistente a la sala.

Luis Lafuente expuso las supuestas bondades de una nueva Ley de Patrimonio recién estrenada por la Comunidad de Madrid, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional,  y que en absoluto es fruto de ningún consenso. Entre ellas algunas curiosas perlas, como que para mejorar la ley anterior de 1998, que era demasiado proteccionista, se ha decidido rebajar los niveles de protección de forma que se flexibiliza la posibilidad de actuar en bienes en los que antes no estaba permitido hacerlo sin consulta previa. Así se descarga de trabajo a la administración que no da abasto con tanto expediente que tramitar. ¿A quién beneficia esto?, ¿a los que quieren proteger o a los que quieren especular?. Por otra parte dijo que hay que renovar el catálogo porque hay algunos bienes protegidos que ya no existen y por lo tanto hay que actualizarlo para tener una foto actual. ¿Pará qué investigar en qué circunstancias han desaparecido o intentar dirimir quiénes y en qué grado son los responsables de su desaparición/destrucción?. Mejor borrarlos del catálogo y olvidarlos.

El siguiente en hablar fue Enrique Saíz que hizo un publirreportaje sobre lo bien que se trata al patrimonio en Castilla y León. A pesar de una densidad de población baja, lo que repercute en el presupuesto, y un vasto territorio en el que es difícil trabajar, es la región de España con más Bienes de Interés Cultural declarados de España. Durante la exposición hizo hincapié en la importancia de la utilización de nuevas tecnologías para gestionar y mantener el patrimonio. Puso como ejemplo la sensorización de lugares poco accesibles que permite su monitorización y control, así como la posibilidad de abrir al público y vigilar, sin personal presente físicamente en la ubicación sino en remoto, lugares que antes permanecían cerrados. Finalmente incidió en que la protección del patrimonio está abierta a la ciudadanía gracias a la transparencia de las administraciones que ponen al alcance de los ciudadanos los informe y actas de reuniones ya que son públicas. Esto fué contestado posteriormente desde el público.

Paloma Sobrini, transmitió a los presentes que asumía el papel de representante de una ciudadanía poco sensibilizada con el patrimonio que es necesario que valore dicho legado histórico al igual que hoy en día se ha conseguido hacer con temas de ecología y medio ambiente. Puso como ejemplo que la ciudadanía se horrorizaría si permitiesen construir 4.000 viviendas en Doñana con el pretexto de activar la economía y crear puestos de trabajo, pero que no ve con malos ojos la desprotección de bienes de interés cultural en los centros históricos ya que no lo considera como suyos. Afirmó que hay que trabajar para que los ciudadanos interioricen como suyo el patrimonio al igual que lo hacen con el medio natural. Puso como ejemplo de modelo a seguir la restauración de la sede del COAM, las antiguas escuelas Pías de San Antón, que ha sido posible gracias a un acuerdo de colaboración público-privado en el que se ha buscado un equilibrio entre el respeto del patrimonio y el uso actual del edificio.

Tras una interminable ronda de preguntas por parte del moderador, que limitaron la posibilidad de intervención de los asistentes, hubo algunas intervenciones. En primer lugar, un miembro de Madrid, Ciudanía y Patrimonio preguntó al representante de la Dirección General de Patrimonio Histórico de Madrid sobre la increíble idea de solucionar el problema de los BICs catalogados pero desaparecidos/destruidos, simplemente borrándolos del catálogo. ¿Qué pasa con los responsables de que se destruyan BICs del catálogo?. La respuesta fue todavía más increible... se actualiza el catálogo y listo. 

En la misma intervención se le preguntó por el Frontón Beti-Jai de Madrid. Según expuso el señor Lafuente la propiedad, sea pública o privada, tiene la obligación y el deber de mantener el patrimonio a su cargo. Sin embargo, en este caso como en muchos otros, ni el propietario lo mantiene ni las administraciones públicas le obligan a ello. ¿Quién lo protege entonces?. La respuesta fué que al no estar resuelta la expropiación (prevista para septiembre según Lafuente), no se puede hacer nada y que además al no poder localizar a los dueños es imposible obligarles a actuar. Es decir, que si se desmorona no pasa nada porque los dueños están en Guipúzcoa y no se les puede multar por no encontrarles. Se borra del catálogo y listo. Alucinante.

Otro de los presentes preguntó sobre los presupuestos de Madrid y Castilla y León para conservación del patrimonio. La respuesta fue demoledora: 6 millones en Madrid y 10 en Castilla y León. Insuficiente a todas luces en ambos casos.

En cuanto a la supuesta transparencia de la administraciones otra ciudadana le indicó al señor Lafuente que la plataforma en defensa del Teatro Albéniz había solicitado el acta del Consejo Regional de Patrimonio donde se habló de dicho teatro para estudiar su contenido y había obtenido como respuesta que no se lo podían entregar porque es un documento secreto. La respuesta fue que según la Ley sólo son secretos los documentos que afectan a la seguridad del Estado; ¿es dicha acta secreta según la Ley de Secretos Oficiales?, ¿por qué los ciudadanos no pueden acceder a un documento en teoría público?

Para finalizar, otro de los asistentes, también miembro de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, a modo de repaso general hizo hincapié en varios temas. El primero fue incidir que el debate poco tenía que ver con el título ya que el consenso en temas de patrimonio no se ha buscado jamás en la redacción de la nueva Ley de Patrimonio. Dicha ley está hecha a medida de los que quieren especular con el patrimonio y no de los que quieren protegerlo. Puso como ejemplo que muchos edicifios protegidos de los cascos históricos son mantenidos por los que viven en ellos y no es necesario aplicar la ley, y sin embargo sí es necesaria para desproteger el patio de Galíndez en un proyecto como el de la “Operación Canalejas", en el que los intereses poco tienen que ver con la conservación del patrimonio. Por otra parte expuso la barbaridad que supone conservar sólo la fachada del edificio España cuando su verdadero valor reside en su estructura de hormigón -pionera para la época, y que dió lugar al edificio más alto de Europa en aquella época-, en su distribución interna al estilo de los rascacielos contemporáneos en el resto del mundo, y sobre todo en su peculiar fachada trasera, con mayor valor arquitectónico que la delantera. Para terminar su intervención transmitió su desconcierto al ver que en Madrid todos los edificios están obligados a pasar la ITE (Inspección Técnica de Edificios) y sin embargo el Beti-Jai no la ha pasado nunca, ya que al parecer es imposible localizar a sus dueños. Así que lo ideal para no pasar la ITE ni hacer reparaciones en un edificio es empadronarse fuera de la Comunidad de Madrid ya que así no podrán ni multarte por no dar con tu paradero.

Esta última intervención no obtuvo respuesta, dándose por finalizado el debate.